Un total de 43 organizaciones civiles y colectivas feministas de todo el país manifestaron su rechazo a la vinculación a proceso de Estela Guadalupe, señalada como la primera mujer en Coahuila acusada por violencia vicaria, al considerar que el fallo judicial representa una “aberración jurídica” y un preocupante retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia para las mujeres. A través de un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la aplicación del concepto de violencia vicaria en este caso distorsiona el sentido original de esta figura legal, creada para visibilizar y sancionar una forma de violencia de género ejercida principalmente contra las madres mediante el uso de sus hijas e hijos como instrumentos de control, castigo y dominación.

Las colectivas hicieron un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el caso sea revisado con perspectiva de género, responsabilidad ética y análisis profundo del contexto. En su pronunciamiento, denunciaron que el sistema judicial estaría incurriendo en una “simulación” que deriva en la criminalización selectiva de mujeres, especialmente en contextos de desigualdad estructural, donde históricamente se les ha negado el acceso efectivo a la justicia.
Las organizaciones subrayaron que el uso “neutral” del concepto de violencia vicaria resulta peligroso, ya que descontextualiza una figura que nació de la lucha de madres contra estructuras patriarcales. “La violencia vicaria no puede usarse contra quienes la nombraron para sobrevivir”, advirtieron, señalando que este precedente podría generar miedo, indefensión y mayor vulnerabilidad para las mujeres que buscan protección legal frente a la violencia.
Además, reprobaron que las autoridades ministeriales de Coahuila equiparen conductas sin analizar las asimetrías de poder, lo que contribuye a la estigmatización de mujeres que, en muchos casos, han sido previamente violentadas por el propio sistema. La vinculación a proceso de Estela se dio tras una audiencia de seis horas, luego de que Johnny Robles, integrante del colectivo “Padres por la Verdad”, la acusara de obstrucción parental, así como de violencia física y psicológica. El juez otorgó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, mientras el caso continúa generando debate nacional sobre los alcances y la correcta aplicación de la figura de violencia vicaria en México.

















